Posicionamiento de AMARC Mx ante la promulgación de la Ley de Seguridad Interior

Al igual que hicieron las dos Cámaras, el Presidente Enrique Peña Nieto desatendió los múltiples llamados hechos por los organismos nacionales e internacionales defensores de los derechos humanos, de expertos y académicos, de múltiples organizaciones no gubernamentales, de víctimas y sus familiares, entre muchas otras voces ciudadanas que demandaron suspender la promulgación de la Ley de Seguridad Interior, y el jueves 21 de diciembre promulgó y ordenó la publicación en el Diario Oficial de la mencionada ley.

Reconociendo la evidente identidad del Ejecutivo con los intereses que llevaron a las Cámaras a aprobar la ley, la ONU-DH había adelantado ante ese inminente escenario su aliento “a los actores legitimados a interponer acciones de control de la constitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación a efecto de que la Ley sea sometida a revisión judicial a la luz de lo que consagra la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado mexicano”

En un país donde el Ejército ha sido usado para aplastar movimientos democráticos y reivindicativos pacíficos, donde tras 12 años de desplegar las fuerzas armadas en funciones de seguridad pública se registran imparables índices de incremento en homicidios dolosos, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y otras manifestaciones extremas de violaciones a los derechos humanos sin que desaparezcan las causas por las cuales se enviaron las tropas a las calles, hay justificadas razones para temer que la ley aprobada represente el avance irreversible hacia la militarización y un profundo retroceso en la vida democrática del país.

Ante este escenario de vulnerabilidad de los derechos humanos en que los poderes Legislativo y Ejecutivo han colocado a la población, AMARC México respalda decididamente la posición sostenida por los representantes de los máximos órganos defensores de los derechos humanos en las naciones Unidas, en el Continente y en el país, para que la Suprema Corte de Justicia dictamine la inconstitucionalidad de la mencionada ley, y con un enfoque de seguridad ciudadana que coloque al ser humano como centro de toda política de seguridad, se enfrente integralmente la crisis de violencia, se combatan las violaciones a los derechos humanos y se erradique la impunidad que fomenta la criminalidad.

La AMARC destaca a este respecto que existe en pueblos originarios de ese país una experiencia que no solo no ha sido debidamente apreciada, sino que incluso ha sido objeto de injusto hostigamiento y castigo por representantes del Estado mexicano: el involucramiento de la población en condiciones de hacerlo, en las funciones de seguridad de la comunidad, a través de sus policías comunitarias u otras denominaciones de acuerdo a sus usos y costumbres. Estas experiencias han probado ser exitosas frente a delincuentes y criminales, con pleno respeto a las normas de convivencia y los derechos humanos de la comunidad; puede y debe generalizarse en todo el país, con la debida preparación, protección y soporte económico, como un servicio de cada ciudadano(a) por períodos limitados, para la seguridad de la comunidad, en el campo como en la ciudad. El Estado mexicano debe respetar, aprender y adoptar estas experiencias en un tema donde no solo ha fracasado, sino amenaza a la población con el terror bajo permanente estado de excepción.

Por la Mesa Nacional:

Héctor A. Camero Haro

Representante Nacional

Diciembre de 2017

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