Relator de Libertad de Expresión de la ONU presenta ante el Consejo de Derechos Humanos informe sobre la grave situación de la libertad de expresión en México.

● El Relator de la ONU sostiene que las agresiones, amenazas y limitaciones en contra del ejercicio de la libertad de expresión en México son una constante, sumado a los pocos esfuerzos y falta de voluntad de las autoridades.
● A pesar de contar con una Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión , México ha hecho poco o ningún progreso para erradicar la impunidad.
● Las organizaciones de las sociedad civil confían en que el escrutinio internacional es una oportunidad para evidenciar la grave situación de derechos humanos que se vive en el país.

19 de junio de 2018.

El Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), David Kaye, presentó ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra el informe final de la misión llevada a cabo del 27 de noviembre al 4 de diciembre de 2017 en conjunto con Edison Lanza, Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En el informe se constata lo que periodistas y organizaciones de la sociedad civil han reiterado en múltiples ocasiones, respecto a la profunda crisis en materia de derechos humanos que vive México, que en lo transcurrido del año ha cobrado la vida de 5 periodistas presuntamente en relación con su labor, producto de la descompostura del estado de derecho.
​Los ataques contra periodistas y personas defensoras de derechos humanos son generalizados en todo el país, sin que a la fecha existan resultados de las autoridades que permitan el ejercicio de ambas labores. La ausencia de recursos, personal capacitado, generación de capacidades técnicas y la inadecuada coordinación entre instituciones federales y estatales persiste, manteniendo el Estado mexicano la deuda relativa a la construcción e implementación de una política pública integral en materia de protección. ​Si bien se cuentan con diversos órganos especializados para brindar protección, como es el caso del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, la Fiscalía Especial para la Investigación de Delitos en Contra de la Libertad de Expresión (FEADLE) y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV); ha quedado en evidencia que las autoridades no tienen planes de protección e investigación efectivos, al no reaccionar a la diversidad de formas de violencia y no agotar las líneas de investigación referentes a su labor periodística, ni de análisis contextual que permita identificar a los presuntos responsables. Preocupa especialmente a los relatores los altos índices de impunidad reflejados en la falta de investigaciones sobre desaparición forzada y casos emblemáticos de agresiones a periodistas. El informe señala que FEADLE carece de planes de investigación eficaces, no agota todas las líneas de investigación, no identifica a todas las personas responsables de delitos (lo cual incluye a autores intelectuales y cómplices), y no analiza el contexto.
Además preocupa la falta de independencia de la Fiscalía frente a las agresiones cometidas por autoridades, ejemplo de falta de investigación diligente es el espionaje con Pegasus que a un año sigue sin mostrar avances.
​La ausencia de políticas integrales en materia de protección impactan el ejercicio periodístico, sobre todo en un contexto en donde, los ataques físicos, intimidaciones, estigmatización, criminalización, discriminación, acoso judicial, espionaje y desplazamiento, entre otras formas de agresión que incluyen la esfera digital, continúan en al menos el 99.6% sin ser resueltas. Además, tal como re-afirma el Relator Kaye, existen amenazas legales a la libertad de expresión, como lo es la recién aprobada Ley de Seguridad Interior, que podrían tener un impacto negativo en el acceso a información, el nivel de supervisión de las actividades de inteligencia y el uso de la fuerza durante manifestaciones; las discusiones sobre la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que de ser aprobadas criminalizarían a las radios comunitarias, así como los casos de inadecuada regulación de la protesta social y del uso de la fuerza. El informe manifiesta su preocupación por lo niveles de concentración mediática que ponen en riesgo la diversidad y el pluralismo, si bien el nuevo marco normativo de telecomunicaciones y radiodifusión es un avance, persisten altas concentraciones en los servicios audiovisuales y en algunos casos aumentaron como es el caso de la televisión de paga, por lo que hace un llamado a reforzar las acciones que garanticen la diversidad y pluralismo para la sociedad mexicana. Al mismo tiempo remarca que el Estado mexicano debe realizar mayores esfuerzos para que la población más vulnerable tenga acceso a la banda ancha, pues aún se mantienen fuertes barreras para dicho acceso, especialmente para los pueblos y comunidades indígenas. ​Para las organizaciones de la sociedad civil mexicanas el escrutinio internacional es una oportunidad para evidenciar la grave situación de derechos humanos que se vive en el país, razón por la cual agradece al Relator Especial de la ONU sobre libertad de opinión y de expresión, la realización de encuentros con la sociedad civil, y solicitamos el seguimiento y verificación de cada una de las recomendaciones emitidas. Así mismo instamos a la administración Federal y las distintas instancias relacionadas con la política de protección e impartición de justicia, a que sean implementadas las recomendaciones emitidas en el informe dirigidas a: adoptar medidas para abordar la situación estructural de impunidad, asegurar una protección efectiva, garantizar la efectiva cooperación y coordinación entre los niveles federal y estatal para proteger a periodistas y personas defensoras de derechos humanos, proveer al Mecanismo federal de Protección con los recursos humanos y económicos necesarios, prestar especial atención a las personas periodistas desplazadas, e implementar una serie de medidas para prevenir la repetición de agresiones.

Por último hacemos un llamado especial a los distintos candidatos de elección popular, a desarrollar acciones concretas dentro de sus planes de gobierno, dirigidas a la creación de una política pública integral de protección por parte de todas las instancias de los tres niveles de gobierno, tanto para personas defensoras de derechos humanos como periodistas.

Article 19, Asociación Mexicana de Derecho a la información (AMEDI), Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC Mx), Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica (CIC-PC), Centro Nacional de Comunicación Social A.C (Cencos), Comité para la Protección de Periodistas (CPJ), Comunicación e Información de la Mujer A.C (CIMAC), Espacio OSC para la protección de personas defensoras y periodistas,, Red de Periodistas de a Pie, Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), Reporteros Sin Fronteras (RSF), Servicios y Asesoría para la Paz A.C (Serapaz) y Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ).

Las organizaciones que integran el Espacio OSC:

Acción Urgente para Defensores de los Derechos Humanos (ACUDDEH); ARTICLE 19; Asociación Mundial de Radios Comunitarias, México (AMARC Mx); Casa de los Derechos de Periodistas A.C.; Casa del Migrante Saltillo; Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan; Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh); Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL); Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica A.C. (CIC-PC); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA); Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos); Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH); Comité Cerezo México; Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC); JASS Asociadas por lo Justo; Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (RedTDT); SMR: Scalabrinianas, Misión con Migrantes y Refugiados; Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz). El Espacio OSC está acompañado por Amnistía Internacional (AI) y Brigadas Internacionales de Paz (PBI) – Proyecto México.

Para mayor información, favor de contactar a:
(Incluir nombres y números de contacto, bien sea por organización o por tema)

CAE OTRO PERIODISTA, ABATIDO EN LA FECHA DE CONMEMORACIÓN DE LA MUERTE DE JAVIER VALDEZ


Mientras en diferentes ciudades del país se conmemoraba el primer aniversario de la muerte del periodista sinaloense Javier Díaz, en Villahermosa, Tabasco, fue ejecutado Juan Carlos Huerta, el cuarto periodista asesinado en lo que va del año.

Como brutal recordatorio de la permanente amenaza que pende sobre el ejercicio del periodismo y la libertad de expresión e México, continúan sumándose uno tras otro, imparables e impunes, los crímenes que pretenden imponer silencio sobre gravísimas condiciones de deterioro social, cuya denuncia ha costado la vida a más de 130 mujeres y hombres en el ejercicio de la información y comunicación desde el año 2000 a la fecha.

El grito de ¡Basta! que surgió solidario de miles de voces hace un año ante el impresionante espectáculo del periodista galardonado con el Premio Internacional a la Libertad de Prensa, abatido a balazos precisamente por ejercer esa libertad, ha seguido sonando en el vacío, con muy pobres resultados cuando se suman nuevos hechos de sangre.

La exigencia de justicia, de fin a la impunidad, de cambio urgente en las condiciones de degradación económica y social que surgen de todos los ámbitos de la sociedad. tiene en este sector a uno de los más agraviados por quienes son acusados de ser los principales perpetradores de agresiones y crímenes contra periodistas y comunicadores: la narcodelincuencia y los funcionarios públicos, “los malos que están en el narcotráfico y en el gobierno”, como dijera Valdez en su memorable y premonitorio discurso de 2011 al advertir lo difícil que era esperar justicia de quienes son sospechosos de complicidad.

La AMARC, Asociación Mundial de Radios Comunitarias, capítulo México, en el aniversario del sacrificio de Javier Valdez rinde homenaje a los hombres y mujeres que como él, han ofrendado su vida en defensa de la libertad de expresión, pilar para la defensa de todos los demás derechos humanos, y ante la consumación de un nuevo crimen exige a las autoridades cumplir con su obligación de responder a los reclamos de justicia a través de la investigación expedita y castigo de los responsables, o su RENUNCIA ante esa manifiesta incapacidad, tan cercana a la complicidad y permisividad.

Posicionamiento de AMARC Mx ante la promulgación de la Ley de Seguridad Interior

Al igual que hicieron las dos Cámaras, el Presidente Enrique Peña Nieto desatendió los múltiples llamados hechos por los organismos nacionales e internacionales defensores de los derechos humanos, de expertos y académicos, de múltiples organizaciones no gubernamentales, de víctimas y sus familiares, entre muchas otras voces ciudadanas que demandaron suspender la promulgación de la Ley de Seguridad Interior, y el jueves 21 de diciembre promulgó y ordenó la publicación en el Diario Oficial de la mencionada ley.

Reconociendo la evidente identidad del Ejecutivo con los intereses que llevaron a las Cámaras a aprobar la ley, la ONU-DH había adelantado ante ese inminente escenario su aliento “a los actores legitimados a interponer acciones de control de la constitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación a efecto de que la Ley sea sometida a revisión judicial a la luz de lo que consagra la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado mexicano”

En un país donde el Ejército ha sido usado para aplastar movimientos democráticos y reivindicativos pacíficos, donde tras 12 años de desplegar las fuerzas armadas en funciones de seguridad pública se registran imparables índices de incremento en homicidios dolosos, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y otras manifestaciones extremas de violaciones a los derechos humanos sin que desaparezcan las causas por las cuales se enviaron las tropas a las calles, hay justificadas razones para temer que la ley aprobada represente el avance irreversible hacia la militarización y un profundo retroceso en la vida democrática del país.

Ante este escenario de vulnerabilidad de los derechos humanos en que los poderes Legislativo y Ejecutivo han colocado a la población, AMARC México respalda decididamente la posición sostenida por los representantes de los máximos órganos defensores de los derechos humanos en las naciones Unidas, en el Continente y en el país, para que la Suprema Corte de Justicia dictamine la inconstitucionalidad de la mencionada ley, y con un enfoque de seguridad ciudadana que coloque al ser humano como centro de toda política de seguridad, se enfrente integralmente la crisis de violencia, se combatan las violaciones a los derechos humanos y se erradique la impunidad que fomenta la criminalidad.

La AMARC destaca a este respecto que existe en pueblos originarios de ese país una experiencia que no solo no ha sido debidamente apreciada, sino que incluso ha sido objeto de injusto hostigamiento y castigo por representantes del Estado mexicano: el involucramiento de la población en condiciones de hacerlo, en las funciones de seguridad de la comunidad, a través de sus policías comunitarias u otras denominaciones de acuerdo a sus usos y costumbres. Estas experiencias han probado ser exitosas frente a delincuentes y criminales, con pleno respeto a las normas de convivencia y los derechos humanos de la comunidad; puede y debe generalizarse en todo el país, con la debida preparación, protección y soporte económico, como un servicio de cada ciudadano(a) por períodos limitados, para la seguridad de la comunidad, en el campo como en la ciudad. El Estado mexicano debe respetar, aprender y adoptar estas experiencias en un tema donde no solo ha fracasado, sino amenaza a la población con el terror bajo permanente estado de excepción.

Por la Mesa Nacional:

Héctor A. Camero Haro

Representante Nacional

Diciembre de 2017

Tras 5 días de injusto encarcelamiento logran liberación bajo fianza de comunicadora comunitaria.

  • Amarc-Mx exige el cese de los procesos penales que criminalizan la libre expresión.
  • Ridículos los cargos que enfrenta la comunicadora.

 

México, D.F., a 7 de marzo de 2014.- El pasado martes mediante una caución de 25,000 pesos (1,900 dls aproximadamente) fue liberada la comunicadora comunitaria Alma Delia Olivares Castro, sin embargo el proceso penal en su contra continúa.

Alma fue detenida el pasado viernes 28 de febrero y trasladada desde Veracruz hasta el penal federal femenil de mediana seguridad El Rincón ubicado en Tepic, Nayarit. Luego de permanecer 5 días encarcelada su familia pagó la fianza y podrá seguir su proceso penal en libertad.

Los cargos iniciales fueron por contaminación auditiva, un delito inexistente en la legislación mexicana y posteriormente reclasificados al delito de uso indebido de un bien de la nación.

Cabe resaltar que el cierre de la radio fue resultado de un procedimiento administrativo contemplado en la Ley Federal de Radio y Televisión y que tiene como sanción la imposición de una multa, que en este caso fue por 29,000 pesos, mismos que fueron pagados para dar por concluido el procedimiento.

De desprenderse que el proceso penal por el cual fue encarcelada recientemente Alma Delia es resultado del cierre de la radio, significaría que hay una grave violación a sus derechos humanos, concretamente al debido proceso, pues nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito.

La Amarc-Mx rechaza categóricamente el uso abusivo del derecho penal para sancionar el ejercicio del derecho a la libertad de expresión pues las radios comunitarias, como lo ha señalado la ONU, son medios que posibilitan que las comunidades se expresen y contribuyen a la construcción de la democracia en el país.

Alma se suma a Paola Ochoa, Juan José Hernández Andrade de Paso del Macho, Veracruz;  Héctor Camero de Monterrey, Nuevo León y una larga lista de comunicadores y comunicadoras comunitarias con procesos penales en su contra por atreverse a abrir su propio medio de comunicación.

Casos que demuestran que en México la libertad de expresión solo puede sobrevivir bajo un acecho constante.

 

Mayor información:

María Eugenia Chávez Fonseca       
Coordinadora de la Oficina Ejecutiva en México    

Gisela Martínez

Coordinadora del Área Jurídica

 

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Pronunciamiento: A pesar de la Reforma Constitucional en Telecomunicaciones persiste la criminalización de comunicadoras y comunicadores comunitarios.

  • Veracruz continúa siendo un lugar inseguro para el ejercicio informativo , dos comunicadoras comunitarias en procesos penales.
  • Gobierno federal
    se alía con autoridades municipales para criminalizar la libre expresión en el estado

México, D.F., a 4 de marzo de 2014.- A pesar del reconocimiento constitucional a la radiodifusión comunitaria, persiste la persecución por vía penal contra quien hace uso del espectro sin permiso. Coincidentemente son dos jóvenes mujeres comunicadoras en el estado más peligroso para ejercer el periodismo: Veracruz.

A Paola Ochoa, comunicadora de la Radio Comunitaria Identidad, llamada anteriormente Radio Diversidad, le fue confirmada la sentencia por el Tribunal Unitario de Circuito a dos años de prisión, pago de una multa y la pérdida de sus derechos civiles y políticos por el uso de una frecuencia sin permiso.

Su caso inició el 11 de marzo de 2009, cuando la extinta Comisión Federal de Telecomunicaciones, COFETEL, realizara un operativo para cerrar la radio. Según información proporcionada, la denuncia fue interpuesta por el entonces presidente municipal ya que la radio se convirtió en un espacio ciudadano que exigía rendición de cuentas al funcionario.

Tres integrantes de la radio fueron detenidos. El director de la radio, Juan José Hernández en calidad de probable responsable, y Paola y Juan José Maza en calidad de testigos. Posteriormente su calidad de testigos sería modificada a la de presuntas responsables y con ello iniciaría un largo proceso que culmina con la sentencia en 2012 contra Juan José y de 2014 contra Paola Ochoa.

Por otro lado, se encuentra el caso de Alma Delia Olivares, comunicadora de La Cabina, emisora ubicada en el municipio de Omealca, Veracruz, quien fue aprendida el día viernes. Según información proporcionada por sus familiares, Alma fue trasladada a un penal de Nayarit sin que hasta el momento se conozcan los motivos de la detención ni la familia se haya podido comunicar con ella desde el día sábado.

Alma junto con algunos amigos abrió una radio porque en el municipio no existían medios de comunicación propios. La radio se convirtió también en un foro público donde la ciudadanía cuestionaba las decisiones del gobierno, principalmente las del Presidente Municipal. Vecinos del lugar afirman que esa fue realmente la razón del cierre de la radio.

Para la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, México (AMARC-Mx) es preocupante que se siga haciendo uso del derecho penal para acallar a las voces disidentes. Nos llama la atención el uso de la justicia a modo, diligente cuando se trata de encarcelar a comunicadoras y torpe y sin resultados cuando se trata de investigar  agresiones  a periodistas.

En un país en que la concentración mediática, la violencia y las masivas violaciones a todos los derechos humanos proyectan una sombra sobre la democracia es lamentable que ejercicios ciudadanos como los son el periodístico y el de la comunicación comunitaria  sean criminalizados.

La AMARC-Mx exige la libertad inmediata de Alma Delia y el cese a todos los procedimientos penales contra las y los comunicadores comunitarios. Llamamos a los legisladores a que emitan ya la Ley Secundaria en Materia de Telecomunicaciones para que la ciudadanía esté en condiciones de ejercer su derecho a la libre expresión a través de la radiodifusión comunitaria.

Mayor información:

María Eugenia Chávez Fonseca
Coordinadora de la Oficina Ejecutiva en México              

Gisela Martínez              
Coordinadora del Área Jurídica
5672-4961

 

 

 

 

Conformación

La Red de Mujeres es una estructura de AMARC-México en la que convergen las mujeres comunicadoras de los colectivos asociados a la Red General.

Se rige por el principio de búsqueda de la equidad de género en la estructura social de las comunidades a las que sirven las radios y en la estructura interna de los colectivos radiofónicos.

En 1992, durante la V Asamblea Mundial de AMARC en México, fue creada la Red Internacional de Mujeres, hecho que se reprodujo en las redes nacionales, nombrando una representante por las regiones y países que tienen asociadas a la AMARC.

En 2003, durante la refundación de AMARC México en asamblea nacional, fue electa una representante de la Red de Mujeres. Tomando en cuenta que en este momento eran otros proyectos radiofónicos (distintos a los de origen) los que conformaban la red, se planteó la tarea de reorganizar una Red de Mujeres con los colectivos que en su mayoría no contaban con mujeres comunicadoras comunitarias en su composición.

El objetivo, entonces, se convirtió en una tarea de sensibilización a los varones de las radios sobre la importancia de incorporar a mujeres al quehacer radiofónico, por ser las radios un espacio en el que las mujeres de las comunidades encontrarían la posibilidad de tener una herramienta de expresión, como porque las radios se convierten en un espacio de desarrollo profesional y ocupacional de las mujeres.

Comunicación Comunitaria para la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres Indígenas de los Estados de Oaxaca y Michoacán

La presente sistematización recoge la experiencia que significó la realización del proyecto Comunicación comunitaria para la eliminación de la violencia contra las mujeres indígenas, llevado a cabo por la Red de Radios Comunitarias de México, A. C.1, en los estados de Oaxaca y Michoacán, de mayo a diciembre de 2011.

Con éste proyecto, se busca contribuir a la erradicación de la violencia hacia las mujeres indígenas en comunidades de los estados de Oaxaca y Michoacán a través del trabajo radiofónico de mujeres comunicadoras indígenas. Para lo cual, se llevaron a cabo talleres de formación-capacitación dirigidos a mujeres radialistas de radios comunitarias, en los que se abordó la problemática de la violencia hacia las mujeres desde un enfoque de integralidad de los derechos humanos y con una perspectiva de género. Asimismo, desde este enfoque y perspectiva, se diseñaron y produjeron diversas cápsulas radiofónicas, entre ellas, una serie sobre la Convención para la erradicación de todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres, en español y 4 idiomas originarios de las comunidades participantes, y una serie de 13 spots dramatizados representando las distintas formas de violencia, todos los productos fueron difundidos en el marco de la Campaña Internacional de los 16 días de Acción contra la Violencia hacia las Mujeres.

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