CAE OTRO PERIODISTA, ABATIDO EN LA FECHA DE CONMEMORACIÓN DE LA MUERTE DE JAVIER VALDEZ


Mientras en diferentes ciudades del país se conmemoraba el primer aniversario de la muerte del periodista sinaloense Javier Díaz, en Villahermosa, Tabasco, fue ejecutado Juan Carlos Huerta, el cuarto periodista asesinado en lo que va del año.

Como brutal recordatorio de la permanente amenaza que pende sobre el ejercicio del periodismo y la libertad de expresión e México, continúan sumándose uno tras otro, imparables e impunes, los crímenes que pretenden imponer silencio sobre gravísimas condiciones de deterioro social, cuya denuncia ha costado la vida a más de 130 mujeres y hombres en el ejercicio de la información y comunicación desde el año 2000 a la fecha.

El grito de ¡Basta! que surgió solidario de miles de voces hace un año ante el impresionante espectáculo del periodista galardonado con el Premio Internacional a la Libertad de Prensa, abatido a balazos precisamente por ejercer esa libertad, ha seguido sonando en el vacío, con muy pobres resultados cuando se suman nuevos hechos de sangre.

La exigencia de justicia, de fin a la impunidad, de cambio urgente en las condiciones de degradación económica y social que surgen de todos los ámbitos de la sociedad. tiene en este sector a uno de los más agraviados por quienes son acusados de ser los principales perpetradores de agresiones y crímenes contra periodistas y comunicadores: la narcodelincuencia y los funcionarios públicos, “los malos que están en el narcotráfico y en el gobierno”, como dijera Valdez en su memorable y premonitorio discurso de 2011 al advertir lo difícil que era esperar justicia de quienes son sospechosos de complicidad.

La AMARC, Asociación Mundial de Radios Comunitarias, capítulo México, en el aniversario del sacrificio de Javier Valdez rinde homenaje a los hombres y mujeres que como él, han ofrendado su vida en defensa de la libertad de expresión, pilar para la defensa de todos los demás derechos humanos, y ante la consumación de un nuevo crimen exige a las autoridades cumplir con su obligación de responder a los reclamos de justicia a través de la investigación expedita y castigo de los responsables, o su RENUNCIA ante esa manifiesta incapacidad, tan cercana a la complicidad y permisividad.

LEGALIZA PEÑA NIETO MALAS PRÁCTICAS CON LA #LEY CHAYOTE

Peña Nieto legaliza las malas prácticas con la #LeyChayote

  • Sin atender las recomendaciones y observaciones de la sociedad civil, Enrique Peña Nieto aprobó la #LeyChayote que atenta contrala libertad de expresión.
  • Se perdió la oportunidad histórica de avanzar hacia la construcción de una democracia con #MediosLibres.
  • El Juzgado de primera instancia no notificó sobre el cumplimiento de la sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Ciudad de México, 11 de mayo de 2018.- A seis años del surgimiento del movimiento #YoSoy132, y a seis años de su promesa de regular la publicidad oficial, el presidente Enrique Peña Nieto expidió la Ley General de Comunicación Social en el Diario Oficial de la Federación, que no atiende los problemas centrales de la publicidad oficial y, por el contrario, legaliza las malas prácticas. La ley publicada el día de hoy por el Presidente de la República, invita a la censura, el gasto desmedido de los recursos públicos, la información falsa, la uniformidad de medios, la corrupción y otras malas prácticas.

Sin atender las peticiones, señalamientos y recomendaciones emitidas por la sociedad civil, los organismos constitucionalmente autónomos y los organismos internacionales de Derechos Humanos, el poder Ejecutivo y el Legislativo perdieron la oportunidad histórica de avanzar hacia la construcción de una democracia con medios libres. La falta de voluntad política y compromiso por parte de los legisladores en todo el proceso de elaboración de la ley resultó en la emisión de una ley que atenta contra la libertad de expresión y el derecho a la información, y que obedece a intereses particulares y no a los de la sociedad.

A la par, es importante recalcar que el Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México que conoció el asunto en primera instancia, no ha resuelto sobre el cumplimiento de la sentencia del juicio de amparo promovido por ARTICLE 19 para regular la publicidad oficial, la cual fue emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el 15 de noviembre de 2017.

En una apresurada publicación el Ejecutivo Federal se ha manifestado sin esperar el pronunciamiento sobre el debido cumplimiento de una ley que no cumple los estándares mínimos de la materia.

El Colectivo #MediosLibres rechaza la #LeyChayote, que no fue elaborada dentro de un proceso de Parlamento Abierto y de articulación con la sociedad civil. Esta ley es una simulación para cumplir el mandato establecido por la Corte y no entrar en desacato

A través de esta aventurada publicación, se refleja el poco compromiso político y social que esta administración ha tenido en estos casi seis años de gobierno, y más grave aún, deja pendiente el compromiso asumido al entrar en funciones de regular la publicidad oficial.

FORO DE SUSTENTABILIDAD DE MEDIOS SOCIALES COMUNITARIOS E INDÍGENAS

Participación de Héctor Camero Haro, Representante Nacional de AMARC

Hector Camero, Representante Nacional de Amarc México en Foro De Sostenibilidad Instituto Federal de Telecomunicaciones México

Posted by Amarc MX on Tuesday, April 17, 2018

 

Maru Chavez, fundadora de Violeta Radio e integrante de la Mesa Nacional de la Amarc México, durante el Encuentro sobre sostenibilidad de las redes y medios sociales Comunitarios e indígenas. Instituto Federal de Telecomunicaciones México Sipam, Salud Integral para la Mujer A.C.

Posted by Amarc MX on Tuesday, April 17, 2018

Participación de Maru Chávez, integrante de la Mesa Nacional de AMARC y fundadora de Violeta Radio

Guadalupe Blanco, directora de Radio Nanhdiá , habla sobre las sostenibilidad de las radios de uso social indígena durante el Encuentro sobre sostenibilidad de las redes y medios sociales Comunitarios e indígenas Amarc México Instituto Federal de Telecomunicaciones México

Posted by Amarc MX on Wednesday, April 18, 2018

Guadalupe Blanco, Directora de Radio Nanhdia, de Mazatlán Villa de Flores, Oax.

PREDICTAMEN DE LEY DE COMUNICACION SOCIAL ATENTA CONTRA #MEDIOS LIBRES

México 2 de abril de 2018.- La Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados discute un dictamen de Ley de Comunicación Social que de ser aprobado sería muestra de una simulación flagrante de la garantía a la libertad de expresión y viola los acuerdos de parlamento abierto que esta legislatura ha adoptado con la sociedad.

En lugar de ser un esfuerzo de síntesis de todas las iniciativas presentadas, el predictamen retoma la iniciativa presentada el 13 de marzo por los grupos parlamentarios de los partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista y Nueva Alianza. Este documento no atiende los problemas que supone la publicidad oficial como ser un mecanismo de control indirecto de las líneas editoriales, la asignación discrecional de recursos públicos millonarios, su utilización para fines proselitistas o electoreros, entre otros.

Los 133 abajo firmantes estamos preocupados frente a la ausencia de apertura de la Comisión de Gobernación al diálogo con la sociedad civil y expertos en la materia. Además, el predictamen que se votará mañana en Comisión de Gobernación no retoma ninguna de las iniciativas propuestas por los demás partidos ni toma en cuenta el decálogo que presentó el colectivo #MediosLibres el pasado siete de febrero.

El resultado de esta cerrazón es que el predictamen no cumple con los mínimos necesarios. La mayoría del contenido del dictamen retoma los lineamientos generales par las campañas de comunicación social de las dependencias y entidades de la administración pública federal que existen desde hace más de quince años sin lograr revertir las malas prácticas del uso de la publicidad oficial. En pocas palabras, esta propuesta es una simulación.

Peor aún, el documento institucionaliza malas prácticas y atenta directamente contra un estado democrático y de derecho pues las disposiciones previstas en él violan directamente la Constitución y los tratados internacionales de los que México es parte. A continuación, compartimos algunos de los puntos críticos de este predictamen.

  1. El predictamen incentiva el uso proselitista de la publicidad oficial.

En primer término el artículo 134, octavo párrafo de la Constitución prevé que “la propaganda … deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público”. Asimismo, la CIDH a través de la Relatoría Especial para la Libertad de expresión ha señalado que “en una sociedad democrática los ciudadanos tienen derecho a saber, esto es, a conocer las actividades oficiales, las políticas de gobierno y los servicios que presta el Estado” y que la información derivada de la publicidad oficial debe ser de interés público que tenga por objeto satisfacer los fines legítimos del Estado y no debe utilizarse con fines discriminatorios, para violar los derechos humanos de los ciudadanos, o con fines electorales o partidarios[1].

Sin embargo, el predictamen (art. 4, f.I)  considera que las campañas de comunicación pueden tener como objeto la difusión de logros de los gobiernos y sujetos obligados abriendo la posibilidad de que esta se siga utilizando como una herramienta para promover figuras públicas y/o partidos políticos generando una sobreexposición de los mismos a la sociedad mexicana y, por tanto, impactando directamente en la equidad de la contienda electoral.

En el mismo sentido está la excepción que se prevé en el art. 14 respecto a la publicidad de los informes anuales de laborales los cuales son actualmente utilizados para la promoción personalizada de funcionarios públicos y no para rendir cuentas a la ciudadanía.

Asimismo, se prevé la posibilidad de difundir mensajes o campañas extraordinarios a los originalmente planteados en el Programa Anual de Comunicación Social sin señalar claramente el tipo de mensajes que podrían significar, violando directamente el principio de planeación adecuada del gasto[2]. Es importante recordar que existen en la misma ley disposiciones especiales plasmadas en el artículo 16 que prevén la difusión de campañas en casos de emergencia. Además existen graves incongruencias respecto al tipo de campañas de comunicación social que pueden ocurrir durante las campañas electorales (art. 21,f IV).

  1. El predictamen sigue permitiendo la ineficiencia y discrecionalidad en el uso de los recursos.

Ahora bien, la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que busca subsanar la omisión de regular el artículo 134 señala claramente que la gravedad de la omisión deriva en la falta de criterios claros y objetivos de asignación de la publicidad oficial. Sin embargo, el predictamen no prevé nada al respecto, simplemente remite a la creación de lineamientos por parte de la Secretaría de Gobernación, situación que no cambia nada a la asignación discrecional y excesiva de este concepto de gasto.

Por su parte, el artículo 7 del predictamen prevé que se exenta de regulación de esta ley los pagos que se hagan a los medios de comunicación para publicar “disposiciones normativas, resoluciones y actos administrativos o judiciales y demás información sobre las actuaciones gubernamentales que deban publicarse o difundirse por mandato legal”. Esta situación  abre la puerta a la corrupción y el desvío de recursos de uno a otro concepto.

Es importante advertir  que la falta de criterios de asignación de la publicidad oficial  representa una violación directa al artículo 7 de la Constitución y del 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Precisamente por esto es que desde el colectivo #Medioslibres hemos insistido en la necesidad de que los recursos publicitarios se asignen según criterios preestablecidos, claros, transparentes y objetivos, que deberán evaluar distintos factores, tales como el perfil del público al que va destinada la campaña, los precios, la circulación, la audiencia del medio y distintos criterios de equidad. A su vez es trascendental reconocer la idoneidad, el público objetivo -con acciones afirmativas hacía contenidos asociados a grupos vulnerables- y la no discriminación.

El predictamen no formula una propuesta para un mejor control presupuestario. Las menciones realizadas en este sentido quedan muy ambiguas y no construyen certeza jurídica (art. 18) . En resumen, el dictamen no prevé ninguna disposición que busque revertir los sobre ejercicios del gasto en publicidad oficial ni poner un tope a los gastos en publicidad oficial.

  1. El predictamen centraliza más el control del gasto en publicidad oficial.

De la misma manera que el punto anterior el principio 7 de la Relatoría Especial ha señalado la necesidad de contar con un control externo de la asignación de pauta. En este predictamen, salvo las referencias al rol -ya existente- de la Auditoría Superior de la federación (o contraloría estatal y equivalente), se omite por completo la elaboración de controles descentralizados para vigilar y fiscalizar el uso de la publicidad oficial. Al contrario, de aprobarse este dictamen, se le otorgarían facultades potenciadas a la Secretaría de Gobernación. Por ejemplo, en los artículos 35 y 37 se prevé que sea la Secretaría de Gobernación quien está a cargo del Padrón de Nacional de Medios de Comunicación.

  1. Ausencia de fomento al pluralismo y la diversidad.

La iniciativa no prevé ninguna disposición que permita promocionar la diversidad y el pluralismo en el país. Como lo mencionamos desde el Colectivo #MediosLibres en el decálogo, “los Estados deberán establecer políticas y destinar recursos para promover la diversidad y el pluralismo de medios a través de mecanismos de ayudas indirectas o subsidios explícitos y neutros, diferenciados de los gastos de publicidad oficial como lo prevé el punto 8 de los principios para la regulación de la publicidad oficial de la Organización de los Estados Americanos.”

La regulación de la publicidad oficial debe acompañarse de una definición y regulación de los mecanismos de fomento del pluralismo y de la diversidad. Se deben definir mecanismos que permitan que el Estado cumpla con sus obligaciones en materia de promoción del pluralismo informativo.

La asignación de recursos por venta de publicidad oficial a los medios de Uso Social Comunitarios e Indígenas se ajustará a lo especificado por el artículo 89. Fr. VII  de la LFTR, de acuerdo a su carácter de medios sin fines de lucro.

  1. El predictamen no propone transparencia y regulación de la medición de audiencia, circulación, visitas y rating

Como bien lo subrayamos en el decálogo presentado a inicio del mes de febrero, la medición de la circulación y del rating es un punto medular que debe contemplar la regulación. Actualmente, no existen indicadores disponibles ni confiables sobre las audiencias, el rating, las visitas y la circulación de los distintos medios de comunicación. La ausencia de un sistema de medición imparcial e independiente perjudica al monitoreo de los medios de comunicación. Es primordial establecer un sistema imparcial y externo de medición de audiencias, basado en estándares certificados de medición y así asegurar que la asignación de la publicidad se haga a partir de criterios técnicos.

Las organizaciones, medios de comunicación, periodistas y personas que suscriben este comunicado hacen un enérgico llamado a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados a no aprobar este predictamen y a generar una discusión plural y abierta que genere una Ley de publicidad oficial que garantice la existencia de #MediosLibres.

AMARC

Amedi
Amedi, Capítulo Jalisco
Amedi, Capítulo Puebla
Artículo 19
Barra Mexicana de Abogados
Borde Político
Cencos
Centro de Integración Ciudadana de Saltillo AC
Ciudadan@s por la Transparencia
Comunicación Comunitaria A.C
Consejo Cívico de Instituciones de Coahuila AC
Departamento de Comunicación de la Universidad Iberoamericana CDMX.
El Poder del Consumidor
Enjambre Digital A.C.
Fundar, Centro de Análisis e Investigación
Horizontal.mx
IMCO
Iniciativa Sinaloa A.C.
Lado B
Libre En El Sur
México Evalúa
Noroeste
Observatel
Observatorio de transparencia Con los Ojos Abiertos
Observatorio Permanente del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco
Periódico Central
Plan Estratégico de Juárez A.C.
Plumas Libres
Red de Periodistas de a Pie
Red de Periodistas de Ciudad Juárez
Red en Defensa de los Derechos Digitales
Red Libre de Periodismo
Reporteros Sin Fronteras
Revista Proceso
Semanario Río Doce
Semanario Zeta
SinEmbargo
WAN-IFRA
Yo Ciudadano
ZonaFranca

93 firmas individuales

[1]CIDH, Principios sobre regulación de la publicidad oficial y libertad de expresión, Principio 2. https://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/publicaciones/publicidad%20oficial%202012%20o5%2007.pdf

[2] Idem principio 4.

Pronunciamiento contra Iniciativa Criminalizadora de la libertad de expresión

Pronunciamiento en contra de la Iniciativa criminalizadora de la libertad de expresión basada en leyes de la dictadura militar chilena

AL H. CONGRESO DE LA UNIÓN

A LA OPINIÓN PÚBLICA

El miércoles 4 del presente mes, la Comisión de Radio y TV de la Cámara de Diputados aprobó por mayoría la iniciativa presentada por el Diputado priista Benjamín Medrano Quezada ante la Comisión Permanente de la LXIII Legislatura, por la cual se adicionan la Ley Federal de Telecomunicaciones (LFTR) y el Código Penal Federal.

La adición al Artículo 304 de la LFTR inhabilita en un plazo de cinco años a aquellas personas que hubieran sido sancionadas por prestar servicios de telecomunicaciones o de radiodifusión sin contar con concesión, mientras que la adición al Código Penal Federal de un Artículo 172 Ter sanciona al que use, aproveche o explote bandas de frecuencia del espectro radioeléctrico o recursos orbitales sin contar con autorización o concesión, con dos a seis años de prisión, cien a trescientos días multa y decomiso de los instrumentos, objetos o producto del delito, cualquiera que sea su naturaleza.

De ser aprobada esta iniciativa que se presentará ante el Congreso la próxima semana, significaría un enorme retroceso para la legislación mexicana desde el punto de vista de la protección de los derechos humanos en general, y de la libertad de expresión en particular.

Las sanciones administrativas y penales propuestas en esta iniciativa son inconstitucionales, pues se oponen a lo establecido en el párrafo segundo del artículo 7º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: “Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni coartar la libertad de difusión, que no tiene más límites que los previstos en el primer párrafo del artículo 6o. de esta Constitución. En ningún caso podrán secuestrarse los bienes utilizados para la difusión de información, opiniones e ideas, como instrumento del delito”.

Los tratados internacionales que se obliga a respetar el Estado mexicano, así como los organismos internacionales que los tutelan, entre ellos la Corte Interamericana de Derechos Humanos, han establecido claramente que en materia de libertad de expresión y derecho a la información, frente este tipo de ilícitos debe optarse por medidas administrativas y no penales, considerando que se trata de infracciones y no de delitos.

La Corte Interamericana ha señalado que “El Derecho Penal es el medio más restrictivo y severo para establecer responsabilidades respecto de una conducta ilícita (…). En una sociedad democrática el poder punitivo sólo se ejerce en la medida estrictamente necesaria para proteger los bienes jurídicos fundamentales de los ataques más graves que los dañen o pongan en peligro. Lo contrario conduciría al ejercicio abusivo del poder punitivo del Estado”. (Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Kimel vs Argentina, Sentencia de dos de mayo de 2008. Fondo, Reparaciones y Costas, párr. 76).

La iniciativa no sólo da la espalda a los altos estándares internacionales, sino que reconoce explícitamente basarse en una de las legislaciones más atrasadas y restrictivas del continente en materia de libertad de expresión, como la legislación chilena, sobre la cual la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos afirmó recientemente: “Persisten normativas y prácticas que suponen restricciones indebidas del goce y ejercicio efectivo del derecho a la libertad de expresión y de acceso a la información que pueden entenderse como herencias de las doctrinas autoritarias del pasado”. (Informe especial sobre visita oficial a Chile con el objeto de evaluar la situación del derecho a la libertad de expresión. Abril de 2017).

Para respaldar su iniciativa, el Diputado Medrano utilizó cuatro ejemplos del Derecho Comparado, de los cuales tres obran en su contra, pues el Reglamento de la UIT y las legislaciones de España y Argentina solo hacen referencia a sanciones administrativas y no a penales; solo la Ley General de Telecomunicaciones de Chile, publicada en 1982 por la dictadura militar de Pinochet, establece “pena de presidio en sus grados mínimo a medio” para la radiodifusión sin autorización (Art. 36 B).

La Reforma de Telecomunicaciones fue impulsada por un movimiento social que exigió poner fin a la enorme concentración de medios en pocas manos y luchó por abrir el espectro a los medios indígenas y comunitarios. A tres años de la aprobación de la Ley, todavía persiste el oligopolio mediático, y la incorporación de los medios indígenas y comunitarios es muy lenta, por las dificultades para cubrir los requisitos de ley.

En este país de enormes desigualdades, prevalece un escenario de violencia contra comunicadores, con un imparable número de agresiones y asesinatos que colocan a México como el país más peligroso del continente para ejercer el periodismo, y la impunidad como aliciente para los agresores. A esta grave situación vienen a sumarse las catástrofes naturales, frente a las cuales los medios comunitarios, entre ellos no concesionados, han representado un valioso apoyo para sus comunidades, enfrentadas a condiciones de vida o muerte y de absoluta miseria. En estas condiciones, la iniciativa criminalizadora aprobada por la Comisión de Radio y TV, es una verdadera provocación y un desatino

Existe el antecedente de la aplicación de los artículos 149 y 150 de la Ley General de Bienes Nacionales para castigar penalmente el uso del espectro sin autorización. La aprobación por la Comisión de Radio y TV de un tercer artículo criminalizador de la Libertad de Expresión es una muestra de intolerancia creciente, violatoria de la Constitución y de los tratados internacionales en la materia. Demandamos al H. Congreso rechazar el mencionado uso de los primeros y a no admitir la iniciativa de modificación al Código Penal Federal.

Llamamos a las y los Diputados a escuchar, atender e incorporar las recomendaciones reiteradas de los Organismos Internacionales en materia de Derechos Humanos, a preservar el espíritu de la Reforma de las Telecomunicaciones, y evitar un preocupante retroceso, afectando el derecho de información y la libertad de expresión.   Les exhortamos a privilegiar el diálogo, del cual fue ejemplo el reciente Foro Internacional auspiciado por el IFT y la UNESCO con la colaboración con organizaciones de la sociedad civil, a fortalecer y facilitar el acceso a la legalidad, demostrando las ventajas de la regularización, respetando los procesos de decisión de las comunidades y pueblos.

Organizaciones firmantes:

Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC-México)
Agencia Internacional de Prensa Indígena (AIPIN )
Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco (APPJ)
Alianza por el Derecho Humano de las Mujeres a Comunicar A.C.
Asociación Mexicana de Defensorías de las Audiencias (AMDA)
Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI)
Caminos del Buen Vivir A.C.
Casa de los Derechos de Periodista (CDP) A.C.
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas
Centro de Producción Campo Ciudad
Centro Universitario del Pueblo Xhidza (CEUXHIDZA) Oaxaca.
Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas, A.C. (CDMCH)
Chollolan Radio
CIC Propuesta Cívica
Colectivo Tajtolmej Taltipak A.C.
Comunicación Comunitaria A. C.
Comunicaciones en Contacto A.C.
Congreso Nacional de Comunicación Indígena (CNCI)
Consejo Nacional para la Enseñanza y la Investigación de las
Ciencias de la Comunicación (CONEICC)

Coordinadora Latinoamericana de Cine y Comunicación de
los Pueblos Indígenas ( CLACPI)

Corazón de las Californias A.C, En Neza Radio/Voces Urbanas A.C., Estéreo Comunal, Estéreo Lluvia, Frecuencia Libre. Fundación Comunalidad A.C. Fundación de Santa María Para la Promoción  Indígena y Agroforestal A.C. Fundación para la Libertad de Expresión (Fundalex)
Grupo RadioAsta A.C. La Voladora Radio /Voladora Comunicación A. C. Mujeres en Frecuencia A.C. Observatel A.C. Ojo de Agua Comunicación A.C. Organización Nacional Anticorrupción (ONEA) Organización de Radios Comunitarias e Indígenas del Estado de Michoacán (ORCIEM)

Plataforma Nacional de vinculación de Periodistas. Radio Ach’ Lequil C’op. Radio Calenda La Voz del Valle A.C. Radio Comunitaria de Buena Vista de Cuellar A. C. Radio Comunitaria Tenancingo A.C. Radio Comunicación Tzacualli A.C. Radio Ibero 90.9. Radio Calentana /La Calentana Luvimex A.C. Radio Comunitaria Lak Lumal. Radio Comunitaria Tzinaka
Radio Echais 88. Radio Mayaaw, ISIA. Radio Mukulum. Radio Mixe Jënpoj
Radio Nanhdiá/ Mie Nillu Mazateco A.C. Radio Política & Rock´n Roll/ Autogestión Comunicativa A.C. Radio Tepoztlán/ Teponaztle Cultura y Comunicación A.C.
Radio Tierra y Libertad/ Por la Igualdad Social A. C. Radio Tachi Ñuu Itia Ta ´nu
Radio Tosepan Limakxtum A.C. Radio Uandarhi/Uandarhi A.C. Radio Xalli/ Comunicadores Filo de Tierra Colorada A.C. Radio Zapote. Red de Comunicadores Boca de Polen
Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, “Todos los Derechos para Todas y Todos”. Redes por la Diversidad, Equidad y Sustentabilidad A.C. Revista Zócalo
R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales. Rhizomatica. Salud Integral Para la Mujer, SIPAM A.C. Sector Radio Educación del Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores de la Secretaría de Cultura. Servicios Universitarios y Redes de Conocimiento en Oaxaca A.C.
Soley sin Barreras A.C. Tsilinkalli Radio. Telecomunicaciones Bëë Xhidza (Telecomunicaciones Aire Zapoteco del Rincón). Telecomunicaciones Indígenas Comunitarias. Teojomulco-Radio “La Voz del Rinconcito”. Voces Colectivas A.C. Yokotanop A.C. Xoxogualan A.C.

Espacio OSC (Las organizaciones que lo integran son: Acción Urgente para Defensores de los Derechos Humanos (ACUDDEH); ARTICLE 19; Asociación Mundial de Radios Comunitarias, México (AMARC­ Mx);Casa de los Derechos de Periodistas A.C.; Casa del Migrante Saltillo; Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan; Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh); Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL); Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica A.C. (CIC-PC); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA); Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos); Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH); Comité Cerezo México; Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC); JASS Asociadas por lo Justo; Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (RedTDT); Reporteros sin Fronteras; SMR: Scalabrinianas, Misión con Migrantes y Refugiados; Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz). El Espacio OSC está acompañado por Brigadas Internacionales de Paz (PBI) – Proyecto México.)

56 FIRMAS INDIVIDUALES.

Posicionamiento de AMARC Mx ante la promulgación de la Ley de Seguridad Interior

Al igual que hicieron las dos Cámaras, el Presidente Enrique Peña Nieto desatendió los múltiples llamados hechos por los organismos nacionales e internacionales defensores de los derechos humanos, de expertos y académicos, de múltiples organizaciones no gubernamentales, de víctimas y sus familiares, entre muchas otras voces ciudadanas que demandaron suspender la promulgación de la Ley de Seguridad Interior, y el jueves 21 de diciembre promulgó y ordenó la publicación en el Diario Oficial de la mencionada ley.

Reconociendo la evidente identidad del Ejecutivo con los intereses que llevaron a las Cámaras a aprobar la ley, la ONU-DH había adelantado ante ese inminente escenario su aliento “a los actores legitimados a interponer acciones de control de la constitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación a efecto de que la Ley sea sometida a revisión judicial a la luz de lo que consagra la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado mexicano”

En un país donde el Ejército ha sido usado para aplastar movimientos democráticos y reivindicativos pacíficos, donde tras 12 años de desplegar las fuerzas armadas en funciones de seguridad pública se registran imparables índices de incremento en homicidios dolosos, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y otras manifestaciones extremas de violaciones a los derechos humanos sin que desaparezcan las causas por las cuales se enviaron las tropas a las calles, hay justificadas razones para temer que la ley aprobada represente el avance irreversible hacia la militarización y un profundo retroceso en la vida democrática del país.

Ante este escenario de vulnerabilidad de los derechos humanos en que los poderes Legislativo y Ejecutivo han colocado a la población, AMARC México respalda decididamente la posición sostenida por los representantes de los máximos órganos defensores de los derechos humanos en las naciones Unidas, en el Continente y en el país, para que la Suprema Corte de Justicia dictamine la inconstitucionalidad de la mencionada ley, y con un enfoque de seguridad ciudadana que coloque al ser humano como centro de toda política de seguridad, se enfrente integralmente la crisis de violencia, se combatan las violaciones a los derechos humanos y se erradique la impunidad que fomenta la criminalidad.

La AMARC destaca a este respecto que existe en pueblos originarios de ese país una experiencia que no solo no ha sido debidamente apreciada, sino que incluso ha sido objeto de injusto hostigamiento y castigo por representantes del Estado mexicano: el involucramiento de la población en condiciones de hacerlo, en las funciones de seguridad de la comunidad, a través de sus policías comunitarias u otras denominaciones de acuerdo a sus usos y costumbres. Estas experiencias han probado ser exitosas frente a delincuentes y criminales, con pleno respeto a las normas de convivencia y los derechos humanos de la comunidad; puede y debe generalizarse en todo el país, con la debida preparación, protección y soporte económico, como un servicio de cada ciudadano(a) por períodos limitados, para la seguridad de la comunidad, en el campo como en la ciudad. El Estado mexicano debe respetar, aprender y adoptar estas experiencias en un tema donde no solo ha fracasado, sino amenaza a la población con el terror bajo permanente estado de excepción.

Por la Mesa Nacional:

Héctor A. Camero Haro

Representante Nacional

Diciembre de 2017