Legítima y Legal, la Radiodifusión Social Comunitaria e Indígena abre paso a la libertad de expresión de pueblos y comunidades

Primeras Concesiones entregadas por el IFT, en mayo de 2015, a ECHAIS 88, de Purépero, Mich., RADIO PARAÍSO de Los Reyes, Mich., KHURANDI de San Juan Nuevo, Mich., y MAS de Ahualulco del Mercado, Jal.

Primera Concesión Social Comunitaria, entregada a POLÍTICA Y ROCKANROL Radio de Hermosillo, Son., de acuerdo a la Nueva Ley de Radiodifusión. Feb. 2016.

Concesión Social Indígena para SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC MIXE, Oaxaca.

COMUNICADORES EN CONTACTO, de Chalco, Edo. de México

CALENDA RADIO, de San Antonino del Valle, Oax.

Concesión Social Indígena para KHUMATI Radio, de Ocumicho, Oax.

Concesión Social Comunitaria de UANDHARI, Radio de Uruapan, Mich.

Concesiónb Social Indígena de NANHDIA Radio, Mazatlán Villa de Flores, Oax.

RCBC, Radio Comunitaria de Buenavista de Cuéllar, Gro.

Comunicadores de TANCÍTARO, Mich. y ERANDI RADIO, de Tangancícuaro, Mich.

CONTEXTO RADIO, de Voces Colectivas de Bahía de Kino, Son.

XANARAPANI AC de Tacámbaro, Mich.

PÁTZCUARO EN COMUNIDAD, de Pátzcuaro, Mich.

EN NEZA RADIO,  de Cd. Neza, Edo. de México

 

Posicionamiento de AMARC Mx ante la promulgación de la Ley de Seguridad Interior

Al igual que hicieron las dos Cámaras, el Presidente Enrique Peña Nieto desatendió los múltiples llamados hechos por los organismos nacionales e internacionales defensores de los derechos humanos, de expertos y académicos, de múltiples organizaciones no gubernamentales, de víctimas y sus familiares, entre muchas otras voces ciudadanas que demandaron suspender la promulgación de la Ley de Seguridad Interior, y el jueves 21 de diciembre promulgó y ordenó la publicación en el Diario Oficial de la mencionada ley.

Reconociendo la evidente identidad del Ejecutivo con los intereses que llevaron a las Cámaras a aprobar la ley, la ONU-DH había adelantado ante ese inminente escenario su aliento “a los actores legitimados a interponer acciones de control de la constitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación a efecto de que la Ley sea sometida a revisión judicial a la luz de lo que consagra la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado mexicano”

En un país donde el Ejército ha sido usado para aplastar movimientos democráticos y reivindicativos pacíficos, donde tras 12 años de desplegar las fuerzas armadas en funciones de seguridad pública se registran imparables índices de incremento en homicidios dolosos, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y otras manifestaciones extremas de violaciones a los derechos humanos sin que desaparezcan las causas por las cuales se enviaron las tropas a las calles, hay justificadas razones para temer que la ley aprobada represente el avance irreversible hacia la militarización y un profundo retroceso en la vida democrática del país.

Ante este escenario de vulnerabilidad de los derechos humanos en que los poderes Legislativo y Ejecutivo han colocado a la población, AMARC México respalda decididamente la posición sostenida por los representantes de los máximos órganos defensores de los derechos humanos en las naciones Unidas, en el Continente y en el país, para que la Suprema Corte de Justicia dictamine la inconstitucionalidad de la mencionada ley, y con un enfoque de seguridad ciudadana que coloque al ser humano como centro de toda política de seguridad, se enfrente integralmente la crisis de violencia, se combatan las violaciones a los derechos humanos y se erradique la impunidad que fomenta la criminalidad.

La AMARC destaca a este respecto que existe en pueblos originarios de ese país una experiencia que no solo no ha sido debidamente apreciada, sino que incluso ha sido objeto de injusto hostigamiento y castigo por representantes del Estado mexicano: el involucramiento de la población en condiciones de hacerlo, en las funciones de seguridad de la comunidad, a través de sus policías comunitarias u otras denominaciones de acuerdo a sus usos y costumbres. Estas experiencias han probado ser exitosas frente a delincuentes y criminales, con pleno respeto a las normas de convivencia y los derechos humanos de la comunidad; puede y debe generalizarse en todo el país, con la debida preparación, protección y soporte económico, como un servicio de cada ciudadano(a) por períodos limitados, para la seguridad de la comunidad, en el campo como en la ciudad. El Estado mexicano debe respetar, aprender y adoptar estas experiencias en un tema donde no solo ha fracasado, sino amenaza a la población con el terror bajo permanente estado de excepción.

Por la Mesa Nacional:

Héctor A. Camero Haro

Representante Nacional

Diciembre de 2017

25 años de AMARC

             

El 28 de agosto de 1992 la V Asamblea Mundial de AMARC, celebrada en Oaxtepec, Mor., culminó sus labores, acordando la fundación del capítulo México, una de las subregiones de AMARC América Latina y El Caribe, que había sido fundada en 1990.

Programa del Foro Nacional “Marco Legal y Experiencias de las Radios Comunitarias e INdígenas” realizado en la Cámara de Diputados el 30 de junio de 2016

 

Tras 5 días de injusto encarcelamiento logran liberación bajo fianza de comunicadora comunitaria.

  • Amarc-Mx exige el cese de los procesos penales que criminalizan la libre expresión.
  • Ridículos los cargos que enfrenta la comunicadora.

 

México, D.F., a 7 de marzo de 2014.- El pasado martes mediante una caución de 25,000 pesos (1,900 dls aproximadamente) fue liberada la comunicadora comunitaria Alma Delia Olivares Castro, sin embargo el proceso penal en su contra continúa.

Alma fue detenida el pasado viernes 28 de febrero y trasladada desde Veracruz hasta el penal federal femenil de mediana seguridad El Rincón ubicado en Tepic, Nayarit. Luego de permanecer 5 días encarcelada su familia pagó la fianza y podrá seguir su proceso penal en libertad.

Los cargos iniciales fueron por contaminación auditiva, un delito inexistente en la legislación mexicana y posteriormente reclasificados al delito de uso indebido de un bien de la nación.

Cabe resaltar que el cierre de la radio fue resultado de un procedimiento administrativo contemplado en la Ley Federal de Radio y Televisión y que tiene como sanción la imposición de una multa, que en este caso fue por 29,000 pesos, mismos que fueron pagados para dar por concluido el procedimiento.

De desprenderse que el proceso penal por el cual fue encarcelada recientemente Alma Delia es resultado del cierre de la radio, significaría que hay una grave violación a sus derechos humanos, concretamente al debido proceso, pues nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito.

La Amarc-Mx rechaza categóricamente el uso abusivo del derecho penal para sancionar el ejercicio del derecho a la libertad de expresión pues las radios comunitarias, como lo ha señalado la ONU, son medios que posibilitan que las comunidades se expresen y contribuyen a la construcción de la democracia en el país.

Alma se suma a Paola Ochoa, Juan José Hernández Andrade de Paso del Macho, Veracruz;  Héctor Camero de Monterrey, Nuevo León y una larga lista de comunicadores y comunicadoras comunitarias con procesos penales en su contra por atreverse a abrir su propio medio de comunicación.

Casos que demuestran que en México la libertad de expresión solo puede sobrevivir bajo un acecho constante.

 

Mayor información:

María Eugenia Chávez Fonseca       
Coordinadora de la Oficina Ejecutiva en México    

Gisela Martínez

Coordinadora del Área Jurídica

 

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