Relator de Libertad de Expresión de la ONU presenta ante el Consejo de Derechos Humanos informe sobre la grave situación de la libertad de expresión en México.

● El Relator de la ONU sostiene que las agresiones, amenazas y limitaciones en contra del ejercicio de la libertad de expresión en México son una constante, sumado a los pocos esfuerzos y falta de voluntad de las autoridades.
● A pesar de contar con una Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión , México ha hecho poco o ningún progreso para erradicar la impunidad.
● Las organizaciones de las sociedad civil confían en que el escrutinio internacional es una oportunidad para evidenciar la grave situación de derechos humanos que se vive en el país.

19 de junio de 2018.

El Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), David Kaye, presentó ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra el informe final de la misión llevada a cabo del 27 de noviembre al 4 de diciembre de 2017 en conjunto con Edison Lanza, Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En el informe se constata lo que periodistas y organizaciones de la sociedad civil han reiterado en múltiples ocasiones, respecto a la profunda crisis en materia de derechos humanos que vive México, que en lo transcurrido del año ha cobrado la vida de 5 periodistas presuntamente en relación con su labor, producto de la descompostura del estado de derecho.
​Los ataques contra periodistas y personas defensoras de derechos humanos son generalizados en todo el país, sin que a la fecha existan resultados de las autoridades que permitan el ejercicio de ambas labores. La ausencia de recursos, personal capacitado, generación de capacidades técnicas y la inadecuada coordinación entre instituciones federales y estatales persiste, manteniendo el Estado mexicano la deuda relativa a la construcción e implementación de una política pública integral en materia de protección. ​Si bien se cuentan con diversos órganos especializados para brindar protección, como es el caso del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, la Fiscalía Especial para la Investigación de Delitos en Contra de la Libertad de Expresión (FEADLE) y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV); ha quedado en evidencia que las autoridades no tienen planes de protección e investigación efectivos, al no reaccionar a la diversidad de formas de violencia y no agotar las líneas de investigación referentes a su labor periodística, ni de análisis contextual que permita identificar a los presuntos responsables. Preocupa especialmente a los relatores los altos índices de impunidad reflejados en la falta de investigaciones sobre desaparición forzada y casos emblemáticos de agresiones a periodistas. El informe señala que FEADLE carece de planes de investigación eficaces, no agota todas las líneas de investigación, no identifica a todas las personas responsables de delitos (lo cual incluye a autores intelectuales y cómplices), y no analiza el contexto.
Además preocupa la falta de independencia de la Fiscalía frente a las agresiones cometidas por autoridades, ejemplo de falta de investigación diligente es el espionaje con Pegasus que a un año sigue sin mostrar avances.
​La ausencia de políticas integrales en materia de protección impactan el ejercicio periodístico, sobre todo en un contexto en donde, los ataques físicos, intimidaciones, estigmatización, criminalización, discriminación, acoso judicial, espionaje y desplazamiento, entre otras formas de agresión que incluyen la esfera digital, continúan en al menos el 99.6% sin ser resueltas. Además, tal como re-afirma el Relator Kaye, existen amenazas legales a la libertad de expresión, como lo es la recién aprobada Ley de Seguridad Interior, que podrían tener un impacto negativo en el acceso a información, el nivel de supervisión de las actividades de inteligencia y el uso de la fuerza durante manifestaciones; las discusiones sobre la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que de ser aprobadas criminalizarían a las radios comunitarias, así como los casos de inadecuada regulación de la protesta social y del uso de la fuerza. El informe manifiesta su preocupación por lo niveles de concentración mediática que ponen en riesgo la diversidad y el pluralismo, si bien el nuevo marco normativo de telecomunicaciones y radiodifusión es un avance, persisten altas concentraciones en los servicios audiovisuales y en algunos casos aumentaron como es el caso de la televisión de paga, por lo que hace un llamado a reforzar las acciones que garanticen la diversidad y pluralismo para la sociedad mexicana. Al mismo tiempo remarca que el Estado mexicano debe realizar mayores esfuerzos para que la población más vulnerable tenga acceso a la banda ancha, pues aún se mantienen fuertes barreras para dicho acceso, especialmente para los pueblos y comunidades indígenas. ​Para las organizaciones de la sociedad civil mexicanas el escrutinio internacional es una oportunidad para evidenciar la grave situación de derechos humanos que se vive en el país, razón por la cual agradece al Relator Especial de la ONU sobre libertad de opinión y de expresión, la realización de encuentros con la sociedad civil, y solicitamos el seguimiento y verificación de cada una de las recomendaciones emitidas. Así mismo instamos a la administración Federal y las distintas instancias relacionadas con la política de protección e impartición de justicia, a que sean implementadas las recomendaciones emitidas en el informe dirigidas a: adoptar medidas para abordar la situación estructural de impunidad, asegurar una protección efectiva, garantizar la efectiva cooperación y coordinación entre los niveles federal y estatal para proteger a periodistas y personas defensoras de derechos humanos, proveer al Mecanismo federal de Protección con los recursos humanos y económicos necesarios, prestar especial atención a las personas periodistas desplazadas, e implementar una serie de medidas para prevenir la repetición de agresiones.

Por último hacemos un llamado especial a los distintos candidatos de elección popular, a desarrollar acciones concretas dentro de sus planes de gobierno, dirigidas a la creación de una política pública integral de protección por parte de todas las instancias de los tres niveles de gobierno, tanto para personas defensoras de derechos humanos como periodistas.

Article 19, Asociación Mexicana de Derecho a la información (AMEDI), Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC Mx), Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica (CIC-PC), Centro Nacional de Comunicación Social A.C (Cencos), Comité para la Protección de Periodistas (CPJ), Comunicación e Información de la Mujer A.C (CIMAC), Espacio OSC para la protección de personas defensoras y periodistas,, Red de Periodistas de a Pie, Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), Reporteros Sin Fronteras (RSF), Servicios y Asesoría para la Paz A.C (Serapaz) y Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ).

Las organizaciones que integran el Espacio OSC:

Acción Urgente para Defensores de los Derechos Humanos (ACUDDEH); ARTICLE 19; Asociación Mundial de Radios Comunitarias, México (AMARC Mx); Casa de los Derechos de Periodistas A.C.; Casa del Migrante Saltillo; Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan; Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh); Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL); Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica A.C. (CIC-PC); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA); Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos); Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH); Comité Cerezo México; Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC); JASS Asociadas por lo Justo; Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (RedTDT); SMR: Scalabrinianas, Misión con Migrantes y Refugiados; Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz). El Espacio OSC está acompañado por Amnistía Internacional (AI) y Brigadas Internacionales de Paz (PBI) – Proyecto México.

Para mayor información, favor de contactar a:
(Incluir nombres y números de contacto, bien sea por organización o por tema)

Posicionamiento de AMARC Mx ante la promulgación de la Ley de Seguridad Interior

Al igual que hicieron las dos Cámaras, el Presidente Enrique Peña Nieto desatendió los múltiples llamados hechos por los organismos nacionales e internacionales defensores de los derechos humanos, de expertos y académicos, de múltiples organizaciones no gubernamentales, de víctimas y sus familiares, entre muchas otras voces ciudadanas que demandaron suspender la promulgación de la Ley de Seguridad Interior, y el jueves 21 de diciembre promulgó y ordenó la publicación en el Diario Oficial de la mencionada ley.

Reconociendo la evidente identidad del Ejecutivo con los intereses que llevaron a las Cámaras a aprobar la ley, la ONU-DH había adelantado ante ese inminente escenario su aliento “a los actores legitimados a interponer acciones de control de la constitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación a efecto de que la Ley sea sometida a revisión judicial a la luz de lo que consagra la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado mexicano”

En un país donde el Ejército ha sido usado para aplastar movimientos democráticos y reivindicativos pacíficos, donde tras 12 años de desplegar las fuerzas armadas en funciones de seguridad pública se registran imparables índices de incremento en homicidios dolosos, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y otras manifestaciones extremas de violaciones a los derechos humanos sin que desaparezcan las causas por las cuales se enviaron las tropas a las calles, hay justificadas razones para temer que la ley aprobada represente el avance irreversible hacia la militarización y un profundo retroceso en la vida democrática del país.

Ante este escenario de vulnerabilidad de los derechos humanos en que los poderes Legislativo y Ejecutivo han colocado a la población, AMARC México respalda decididamente la posición sostenida por los representantes de los máximos órganos defensores de los derechos humanos en las naciones Unidas, en el Continente y en el país, para que la Suprema Corte de Justicia dictamine la inconstitucionalidad de la mencionada ley, y con un enfoque de seguridad ciudadana que coloque al ser humano como centro de toda política de seguridad, se enfrente integralmente la crisis de violencia, se combatan las violaciones a los derechos humanos y se erradique la impunidad que fomenta la criminalidad.

La AMARC destaca a este respecto que existe en pueblos originarios de ese país una experiencia que no solo no ha sido debidamente apreciada, sino que incluso ha sido objeto de injusto hostigamiento y castigo por representantes del Estado mexicano: el involucramiento de la población en condiciones de hacerlo, en las funciones de seguridad de la comunidad, a través de sus policías comunitarias u otras denominaciones de acuerdo a sus usos y costumbres. Estas experiencias han probado ser exitosas frente a delincuentes y criminales, con pleno respeto a las normas de convivencia y los derechos humanos de la comunidad; puede y debe generalizarse en todo el país, con la debida preparación, protección y soporte económico, como un servicio de cada ciudadano(a) por períodos limitados, para la seguridad de la comunidad, en el campo como en la ciudad. El Estado mexicano debe respetar, aprender y adoptar estas experiencias en un tema donde no solo ha fracasado, sino amenaza a la población con el terror bajo permanente estado de excepción.

Por la Mesa Nacional:

Héctor A. Camero Haro

Representante Nacional

Diciembre de 2017

Termina IV Encuentro Nacional de la Red Mujeres AMARC-MX

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Conectando experiencias e hilando caminos.

El IV Encuentro Nacional de la Red de Mujeres de AMARC-Mx es un esfuerzo colectivo de  reunir a mujeres comunicadoras de las radios comunitarias ubicadas en regiones urbanas, rurales e indígenas que vienen trabajando en torno a la construcción de la equidad de género en el interior de las radios comunitarias, comunicando los derechos fundamentales de las mujeres.

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